A cuatro días de la decisión de la jueza de Menores de Lomas de Zamora, Marta Pascual, que suspendió por 60 días la aplicación de la ley que reduce la edad de imputabilidad penal juvenil en la provincia de Buenos Aires, se presentaron tres pedidos de juicio político en el Senado bonaerense por presunto “mal desempeño” en sus funciones.
Las denuncias fueron recibidas por la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y cuentan con las firmas del diputado provincial Manuel Passaglia (Hechos), del senador Guillermo Montenegro (PRO) y del abogado Alfredo Drocchi, quien actúa en derecho propio como ciudadano bonaerense.
Las tres presentaciones tienen como origen la resolución cautelar dictada el 7 de septiembre por Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2, en la causa N.º 40881-HC (“Federación Familia Grande Hogar de Cristo s/ Habeas Corpus Preventivo Colectivo”). En ese fallo, la magistrada dispuso la suspensión preventiva de la Ley Nacional 27.801, que establece un nuevo régimen penal juvenil, en todo el territorio provincial.
La norma reduce de 16 a 14 años la edad a partir de la cual los adolescentes pueden ser imputados por delitos penales, estableciendo además las condiciones para la privación de la libertad de los responsables a partir de esa edad.
La controversia, inicialmente técnica y jurídica, se trasladó rápidamente al ámbito político. La Casa Rosada promovió y consiguió la sanción de esta reforma en febrero, estableciendo un plazo de 180 días para que las estructuras de detención y otras instituciones se adapten al nuevo régimen. Sin embargo, algunos ministros del gobierno de Axel Kicillof manifestaron posturas contrarias a la reforma y, tras conocerse el fallo de Pascual, acusaron al gobernador de “defender a los delincuentes”.
La senadora y ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich fue la primera en manifestarse, y afirmó: “No tengo la menor duda de que esta decisión se hizo en complicidad con Kicillof”, en referencia a la magistrada.
Menos de 24 horas después del fallo, el diputado Sebastián Pareja anunció que solicitaría el juicio político contra Pascual, aunque el presidente del bloque LLA bonaerense aún no elevó formalmente el pedido, ya que se están evaluando las alternativas para fortalecer la acusación y garantizar que prospere.
Mientras tanto, el procedimiento para iniciar el trámite que podría derivar en una sanción contra la jueza ya comenzó. Montenegro, ex intendente de Mar del Plata, ex juez federal y aliado de LLA desde el bloque PRO, expuso argumentos coincidentes con los de Passaglia y Drocchi.
Passaglia sostuvo: “Kicillof no hizo nada en este tiempo para adaptar la provincia al nuevo régimen penal. No nos sorprende y tampoco que haya jueces que se sumen a este juego. Por eso pretendemos que sea destituida”.
Los motivos principales de las denuncias apuntan a presuntas irregularidades como extralimitación funcional y mal desempeño, por suspender la aplicación de una ley sancionada por el Congreso mediante una medida cautelar de primera instancia, sin resolver previamente el análisis constitucional de fondo.
También se cuestiona la competencia judicial de Pascual por dictar una medida cautelar de alcance masivo sin haber definido su propia competencia y, según los denunciantes, invadir la competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al intervenir en un conflicto entre leyes nacionales y provinciales.
Además, se señala la falta de fundamentación y de prueba objetiva suficiente, ya que la jueza justificó la medida basándose principalmente en las condiciones materiales de un solo establecimiento, el Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora, y en “hechos de público conocimiento”, sin contar con respaldo estadístico global ni evaluar medidas menos restrictivas.
La resolución de Pascual surgió tras una denuncia de la ONG que lidera el Padre Pepe, con el objetivo de evitar que menores fueran recluidos en los institutos de Lomas de Zamora bajo el nuevo régimen penal juvenil.
La magistrada tomó como base las inspecciones realizadas en el Centro Socioeducativo para la Privación de la Libertad Ambulatoria de Lomas, donde se estableció un límite máximo de 60 adolescentes alojados. Según esa revisión, el lugar no cumplía con los “estándares mínimos” exigidos.
Marta Elba Pascual fue funcionaria del gobierno de Eduardo Duhalde durante ocho años (1991-1999) y posteriormente ingresó en la justicia provincial. La Universidad Nacional de Almirante Brown (UNAB) la distinguió con un título “Honoris Causa” por su trayectoria jurídica y su labor en el abordaje de la delincuencia juvenil.
Respecto al trámite de las denuncias, estas serán ratificadas el lunes ante la Secretaría de Enjuiciamiento, a cargo de Ulises Giménez, y dado que se trata de acusaciones similares contra el mismo magistrado, se acumularán para su tratamiento conjunto.
Giménez elevará luego un dictamen a la Procuración General y a la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento. Este dictamen, aunque no vinculante, servirá para que ambas instancias decidan si se continúa con el proceso o se archiva la causa, lo cual se definirá en no menos de diez días.
En caso de que la acusación prospere, se realizará el sorteo de cincos conjueces abogados por la Suprema Corte bonaerense y de cinco conjueces legisladores por la Secretaría, bajo la dirección del presidente de la Corte. Posteriormente se convocaría a la primera audiencia.
El jury de enjuiciamiento es el único mecanismo contemplado en la