Pablo Moyano, hijo mayor de Hugo Moyano y segundo al mando del poderoso sindicato de Camioneros, presionó este lunes para que se abonen las indemnizaciones a los trabajadores de las empresas encargadas de la recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires. Esta demanda surge en el marco del inminente inicio del proceso de renovación de las concesiones del servicio en territorio porteño.
El reclamo del sindicato se fundamenta en la aplicación de lo que denominaron como «Ley Moyano», una práctica de uso y costumbre sin respaldo legal formal, vigente desde 1998. Según este mecanismo, cuando vence una concesión, la empresa debe indemnizar a su personal y las nuevas concesionarias tienen la obligación de recontratar a esos trabajadores, aunque para efectos indemnizatorios el trabajador comienza sin antigüedad en la nueva empresa. Sin embargo, para el cálculo de vacaciones y otros beneficios sí mantiene su antigüedad.
La preocupación de Camioneros se intensificó ante la audiencia pública prevista para el próximo lunes 5, que será virtual, donde se analizarán los pliegos de condiciones para la recolección de residuos en la Ciudad para el período 2028-2038. En los borradores preliminares de estos pliegos no se incluye ninguna partida destinada al pago de indemnizaciones a los aproximadamente 6.000 trabajadores del sector en la Capital.
Una fuente vinculada a los anteproyectos confirmó a Clarín que dichos documentos son aún muy preliminares y probablemente sean modificados. No obstante, reconoció que en esta etapa no hay referencias a los recursos humanos, aunque sí se contempla la rezonificación del área y la incorporación de tecnología.
En declaraciones a radio Gráfica, Pablo Moyano afirmó: «Históricamente, cada vez que hay un traspaso o se termina un contrato de recolección y barrido, no solo en Buenos Aires sino en todo el país, la empresa que se retira indemniza a los trabajadores y las nuevas adjudicatarias deben absorber a todo el personal. Esto se viene cobrando desde los años 90; hay compañeros que han cobrado tres o cuatro indemnizaciones».
El dirigente advirtió que, ante la ausencia del pago de indemnizaciones en el próximo pliego, comenzará a reunir asambleas y recorrerá las empresas para concientizar a los trabajadores sobre la pelea que se avecina, la cual involucrará al Gobierno porteño, los empresarios y la justicia. Respecto a la audiencia pública, evaluó realizar un cese de actividades y movilizaciones masivas a la Legislatura porteña o a la Jefatura de Gobierno en Parque Patricios.
Moyano previó un gran conflicto en la Ciudad de Buenos Aires y anticipó que la prensa y los vecinos podrían posicionarse en contra, pero afirmó: «Estamos acostumbrados, nuestro objetivo es que se paguen las indemnizaciones».
En un video difundido en sus redes sociales, se dirigió a los trabajadores del sector e informó: «Vamos a iniciar asambleas en las empresas para presionar a los legisladores y al Gobierno porteño para que, cuando se llame a licitación el año próximo, se paguen todas las indemnizaciones. Haremos lo imposible para lograr este triunfo histórico».
Pese a la tensión con su padre, Hugo Moyano, Pablo se encuentra al frente de la gestión cotidiana del sindicato.
Desde el Gobierno de la Ciudad, consultados por Clarín, indicaron que la intención es iniciar el proceso licitatorio para adjudicar el servicio en 2027 —en pleno año electoral— con un período de transición de al menos un año entre las actuales empresas y las nuevas concesionarias, de modo que el nuevo esquema surta efecto en 2028.
Se prevé un cambio en el sistema actual, pasando de cinco grandes zonas a más zonas de menor tamaño. Actualmente, cinco empresas se reparten el servicio; con esta reforma podrían incorporarse más actores y, eventualmente, una empresa podría operar en más de una zona, algo que no ocurre hoy.
Antes de avanzar con la nueva licitación, deberá decidirse si se procede al pago de indemnizaciones a los más de 6.000 trabajadores. El salario promedio de un barrendero ronda los 3,5 millones de pesos, según fuentes consultadas. Estiman que el costo total por indemnizaciones podría superar los 100 millones de dólares.
Las empresas concesionarias actuales serían responsables de efectuar estos pagos, pero fuentes del sector advierten que ello podría llevarlas a la quiebra. Por ese motivo, la intención sería trasladar el costo al Gobierno de la Ciudad, que analizaría la posibilidad de abonar la suma en cuotas.