El abogado Carlos Beraldi arrancó la defensa de la vicepresidenta, que enfrenta un pedido de condena de los fiscales de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El alegato de la defensa de Cristina Kirchner en la causa Vialidad comenzó este lunes a las 8:00 y se desarrollará durante tres jornadas. El abogado de la Vicepresidenta, Carlos Beraldi, inició su exposición ante el Tribunal Oral Federal 2 y remarcó que demostrará «con todos los instrumentos legales que existen que los cargos eran falsos».
«No bajamos los brazos en ningún momento», remarcó Beraldi y destacó que «la verdad siempre triunfa y eso es lo que ocurrió en este juicio» porque «quedó demostrado» que las acusación «carecía de verosimilitud» y fue «falsa y sin fundamentos».
“Empezó a hablarse de este tema en el 2008, fue judicializado en distintas sedes, los jueces consideraron que no existía delito”, señaló Beraldi. “Se formularon y sustanciaron las mismas acusaciones que se venían mencionando desde 2008 y luego desde 2016. Como si el juicio no hubiese existido”, dijo el letrado.
Luego, hizo referencia a la denuncia que realizó Javier Iguacel, por entonces funcionario del gobierno de Mauricio Macri, para que investiguen la ejecución de las obras cedidas a Lázaro Báez en Santa Cruz.
Iguacel “se hizo cargo de esas viejas denuncias”, dijo Beraldi y luego presentó la declaración de un testigo que admitió haber sido presionado por el funcionario. “Los auditores dijeron que no se evidencia deficiencias” en los contratos y obras y determinaron que “los desajustes de obras (encontrados) no se consideran relevantes”. Así fue como “Iguacel aún así se presentó en la Justicia e hizo la misma denuncia” que había sido desestimada.
También puso al aire la declaración de otro testigo que denunció que “no se utilizó y subvirtió el informe” que habían hecho los auditores y en los que no advirtieron irregularidades.
Por un lado, destacó que “los desajustes de certificación de obra observados no se consideran relevantes en relación a la magnitud de las respectivas obras”. Por el otro, señaló “grande habrá sido la sorpresa de Iguacel cuando la prueba central con la que él pensaba hacer la denuncia le salió en el sentido opuesto” haciendo referencia a que en la investigación también apareció la firma IECSA, del “hermano de la vida” del ex Presidente, Ángelo Calcaterra.
La intromisión del poder político
Según señaló el abogado de la vicepresidenta, como no tenía ninguna imputación, los investigadores fueron a “ver cuáles eran los empresarios de la obra pública” realizada, y ahí apareció Iecsa, la empresa del Mauricio Macri. “Esto preocupó a la gente de Iguacel porque habían ido a investigar a Cristina Kirchner y la investigación tomó un rumbo indeseable” para ellos. “Habían ido por lana y volvieron esquilmados”, definió Beraldi.
Recordó que el juez Ercolini puso a cargo a los fiscales Policita y Maiques, y demostró que ambos “forzaron una declaración indagatoria” de CFK a pesar de que al juez le pareció algo “tan grosero que dijo que eso no era suficiente”.
Aún así, los fiscales presentaron una denuncia en la que “se volvía a decir lo que se había dicho en 2008 (y fue desestimado): la asociación ilícita, el amigo empresario, la concentración de la obra pública y las irregularidades” en momentos que la esposa del juez trabajaba como vocera del entonces ministro (de Justicia Germán) Garavano”. “Denunciamos que había una indebida intromisión del poder político”.
Sobre cómo retrocedió la Corte
Beraldi recordó que la defensa denunció “irregularidades” en los sorteos de las causas y que “durante el proceso, todo lo que presentamos, medidas de prueba y excepciones de incompetencias, se nos rechazó”. Además, “hubo peritos recusados por falta de objetividad” y “doble juzgamiento” por supuesta asociación ilícita contra CFK, a contramano de lo establecido por la Justicia.
“No creo que en el libro Guinness haya una persona acusada cinco veces por el mismo delito”, indicó y cuestionó que “los técnicos que podrían explicar cada una de las cosas (ocurridas y que habían determinado la inexistencia de irregularidades) no están en este juicio”.
Así y todo, “la defensa nunca consintió ninguna irregularidad y agotó todos los tramos procesales” y recurrió a la Corte Suprema en 2019. Ante las advertencias de irregularidades, el máximo tribunal pidió el expediente pero al día siguiente “hubo un gran escándalo mediático, un grupo de vecinos fue a tocar las cacerolas, y entonces la Corte retrocedió: pidió el expediente, sonaron las cacerolas y retrocedieron”. De esa forma los supremos no avanzaron sobre los recursos de la defensa y dejaron que el juicio siguiera con las mismas acusaciones que habían sido desestimadas en 2008.
Las «toneladas de pruebas»
Beraldi recordó que hubo “nado sincronizado” entre las acciones de las distintas instancias y el juicio continuó hasta que apareció el alegato del fiscal Luciani, quien “obstruyó la verdad, se opuso a las pruebas (de la defensa) y construyó sin mucha inventiva la misma acusación que se había hecho en 2008”.
Luego el letrado cuestionó las “tres toneladas de pruebas” de las que habló Diego Luciani. “No se puede hablar de ‘prueba contundente’ porque la prueba haya sido pesada. Ninguno de los jueces y colegas sabe que la prueba es contundente por el peso en gramos que pueda tener”, dijo.
Denunció otro hecho “lamentable”: “Existieron actividades privadas de fiscales y jueces”, como los partidos de fútbol de los que Luciani y el juez Rodrigo Gimenez Uriburu jugaron en la quinta Los Abrojos, de Mauricio Macri.
“Este es el panorama que nos encontramos y que vamos a desentrañar” para dejar en evidencia “cómo se construyó la acusación”, anticipó. “Llegó el momento de la verdad y que las cosas sean colocadas donde corresponden” porque “jugamos un partido en cancha inclinada”.
Los alegatos de las defensas que faltan en el juicio por la causa Vialidad
– Cristina Fernández de Kirchner, ex mandataria y actual vicepresidenta: 12 años de prisión e inhabilitación especial perpetua como supuesta jefa de la asociación ilícita en concurso real con el delito de administración fraudulenta agravada.
-Lázaro Báez, empresario: 12 años de cárcel por ser organizador de la asociación ilícita y también por el concurso con el delito de administración fraudulenta, en calidad de partícipe.
-Carlos Kirchner, ex secretario de Coordinación de Obra Pública Federal: absolución por el delito de asociación ilícita y pedido de condena a dos años de prisión en suspenso por supuesto abuso de autoridad.
-José López, ex secretario de Obras Públicas: 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como organizador de la asociación ilícita, en concurso real con la administración fraudulenta.
-Raúl Pavesi, ex presidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz: 5 años.
-Nelson Periotti, extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV): 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como organizador de la asociación ilícita en concurso con la administración fraudulenta.
– José Santibañez, ex presidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz: 4 años de prisión.
– Juan Carlos Villafañe, ex presidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz: 6 años de prisión por administración fraudulenta.