El nuevo Régimen Penal Juvenil cumple 21 días desde su entrada en vigencia y ya registra dos fallos controversiales: uno en Lomas de Zamora que intentó suspender su implementación y otro en la Ciudad de Buenos Aires que pretendía declarar la inconstitucionalidad del artículo uno de la norma.
Ambas resoluciones recibieron fuertes críticas del oficialismo, impulsor de la sanción de la ley. Las juezas Laura Beatriz de Marinis, titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de CABA, y Marta Elba Pascual, a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, quedaron en el centro del debate.
Sin embargo, la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora revocó la cautelar dictada por Pascual; de igual modo, la Cámara Penal de la Ciudad de Buenos Aires hizo lo propio con el fallo de Marinis, por lo que la norma está plenamente vigente en todo el país.
### Cambios introducidos por la ley
El nuevo Régimen Penal Juvenil reemplaza a la derogada Ley 22.278 e introduce modificaciones significativas. La principal es la reducción de la edad de punibilidad de 16 a 14 años. Además, incluye delitos que antes quedaban excluidos, como los de acción privada, los castigados con penas máximas de hasta dos años y aquellos sancionados únicamente con multa o inhabilitación.
Esto implica que, además de incorporar a adolescentes de 14 y 15 años, se suman al régimen delitos que anteriormente debían resolverse fuera del ámbito penal.
En cuanto a las penas, el régimen anterior calculaba las sanciones similares a las tentativas de adultos, sin establecer un límite máximo frente a delitos graves con prisión perpetua. En cambio, la nueva ley fija que la privación de la libertad no puede superar los 15 años, aunque el delito previsto tenga penas mayores.
Este límite motivó un fallo polémico: el condenado por el crimen de Santiago Urbani —asesinado en su casa de Tigre en 2009 por un adolescente de 16 años— fue beneficiado por la nueva norma. Inicialmente condenado a 27 años y luego reducido a 19, el Tribunal de Casación Penal provincial consideró cumplida la sentencia y lo dejó en libertad.
Por otro lado, la ley amplía el catálogo de delitos por los cuales un adolescente puede ser procesado penalmente. Así, hechos menores pueden recibir penas restrictivas de la libertad, como amenazas anónimas o sin armas, lesiones leves, hurtos o daños. Para delitos con penas de hasta tres años, la ley prioriza sanciones alternativas al encierro, aunque estas generan antecedentes penales y pueden acumularse.
### Impacto en el total de delitos
El Informe de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, presentado el 4 de septiembre de 2024, reconoce la falta de consolidación de información sobre el total de causas penales juveniles. Según datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), en 2022 se registraron 1.937.435 hechos delictivos ante fuerzas de seguridad, mientras que la Dirección Nacional de Política Criminal reportó 44.744 causas ingresadas ese año en el fuero penal juvenil.
De esta manera, los delitos cometidos por menores representaban alrededor del 2 % del total de hechos delictivos a nivel nacional, aunque las diferencias metodológicas impiden precisar con exactitud este porcentaje. Esta cifra coincide con las estadísticas del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, que sitúa la incidencia en 2 % para 2024 y 2,2 % para 2025.
### Estado de los institutos de menores
No existen cifras nacionales consolidadas sobre la situación de adolescentes en centros de encierro. En la Ciudad de Buenos Aires, según la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Corte Suprema de Justicia, en 2025 se registraron 1.355 aprehensiones realizadas por fuerzas de seguridad.
En ese año, ingresaron al Centro de Admisión y Derivación Inchausti, aunque esto no significa que hayan quedado detenidos. CABA cuenta actualmente con tres Centros Socioeducativos de Régimen Cerrado: San Martín, Manuel Roca y Manuel Belgrano —este último destinado a quienes cumplen la mayoría de edad durante la pena.
Asimismo, 203 jóvenes recibieron al menos una medida de privación de libertad o alojamiento en residencias en 2025, un 4,6 % más que en 2024. En total se dictaron 256 medidas, dado que algunos adolescentes fueron sujetos a más de una en el año. Estas medidas incluyen centros socioeducativos de régimen cerrado, residencias de libertad restringida y hospitales.
La Comisión Provincial de la Memoria (CPM) calificó el sistema de responsabilidad penal juvenil de la Provincia de Buenos Aires como colapsado e incapaz de implementar políticas estructurales para resolver violaciones de derechos humanos de larga data. Además, señalaron que la cantidad de menores privados de libertad supera los recursos disponibles para garantizar sus derechos básicos.
Según el informe 2025, había un promedio de 605 jóvenes privados de libertad en centros cerrados, de contención y recepción. El 76 % de estos ingresos fue directamente a dispositivos de régimen cerrado y el 24 % a dispositivos de contención, lo que significa que tres de cada cuatro ingresos ocurrieron bajo un régimen de encierro total.
### Implementación de la nueva ley
Aunque las provincias no están obligadas a adherir a la ley nacional, deben adecuar sus procedimientos y estructuras para aplicarla, lo cual demanda recursos humanos, dispositivos de alojamiento